El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) ha comenzado a implementar restricciones en cinco estados, limitando la compra de refrescos y dulces con beneficios de este programa. A partir del 1 de enero, Indiana, Iowa, Nebraska, Utah y West Virginia son los pioneros en imponer estas prohibiciones, con la intención de promover una alimentación más saludable entre los beneficiarios. Aunque Florida no está incluida en este grupo inicial, la situación está generando un intenso debate sobre la posibilidad de que el estado adopte políticas similares.
Expertos en política pública y organizaciones comunitarias de Florida han señalado que el estado podría verse obligado a considerar cambios en el programa, especialmente dado el nuevo interés federal en limitar alimentos considerados poco saludables. El SNAP es un recurso vital para millones de residentes de Florida, incluyendo familias de bajos ingresos, adultos mayores y niños, brindando asistencia a aproximadamente 42 millones de personas en todo el país, con un costo anual cerca de $100,000 millones.
El impulso para las restricciones cuenta con el respaldo del secretario de Salud y otros funcionarios, quienes abogan por la iniciativa “Make America Healthy Again”, que busca combatir enfermedades crónicas como la obesidad y la diabetes. Robert F. Kennedy Jr. ha destacado que los fondos públicos no deberían destinarse a alimentos que contribuyen a problemas de salud, dado que esto podría generar costos adicionales al sistema de salud.
Los minoristas y defensores de beneficiarios en Florida están observando con atención estos cambios en otros estados. La National Retail Federation advierte que tales restricciones podrían provocar confusiones y molestias entre los consumidores en las cajas registradoras, dificultando el proceso de ventas. Además, un informe de la National Grocers Association estima que las restricciones podrían generar un gasto inicial de $1,600 millones a nivel nacional y $759 millones anuales, costos que podrían trasladarse a los consumidores.
Por otro lado, organizaciones contra el hambre en Florida advierten que imponer restricciones no necesariamente mejorará la nutrición, y puede aumentar el estigma hacia los beneficiarios de SNAP. Expertos han señalado que aunque la disponibilidad de alimentos saludables es crucial, estos suelen ser más caros y menos accesibles, lo que dificulta que las personas puedan hacer elecciones más saludables.
Históricamente, desde su creación en 1964, el SNAP ha permitido la compra de casi cualquier alimento para consumo humano, con algunas excepciones. Propuestas anteriores para restringir la llamada “comida chatarra” han sido desechadas por considerarse costosas y con poca evidencia de beneficios claros para la salud.
Las nuevas restricciones que se están implementando en otros estados serán revisadas durante dos años, con la opción de extenderse. Mientras tanto, el debate sobre la posible llegada de políticas similares a Florida continúa, generando incertidumbre para muchos residentes que dependen del programa para acceder a una alimentación adecuada. Este episodio resalta la necesidad de un enfoque más integral que no solo se centre en las restricciones, sino también en hacer accesibles alimentos saludables para todos.