A plena luz del día, un comerciante chileno fue asesinado en Ñuñoa, un acto atroz que ha desatado la indignación entre la ciudadanía y ha expuesto las fallas del sistema judicial en Chile. Felipe Reyes, conocido como el “Rey de Meiggs”, fue asesinado el 19 de junio, presuntamente a raíz de una deuda millonaria. Tres sicarios venezolanos habrían recibido una cifra cercana a 30 millones de pesos por ejecutar el crimen.
Alberto Mejía, uno de los presuntos sicarios, fue detenido pero liberado debido a una serie de errores procesales que aún no se han explicado completamente. Su fuga dejó a Mejía, quien ahora se encuentra prófugo en Sudamérica, lo que hace cuestionar la efectividad del sistema de justicia en el país. Esta situación ha llevado a que investigadores pongan bajo la lupa a funcionarios judiciales, jefes de la seguridad y jueces, lo cual resalta posibles omisiones que favorecen a los delincuentes.
Las irregularidades en el proceso migratorio y la falta de verificación de identidades han permitido que individuos con antecedentes criminales puedan operar con impunidad. Se reconoce que más de la mitad de los imputados en delitos de crimen organizado han utilizado múltiples identidades, lo que agrava la dificultad de combatir el delito en el país.
Lo que ocurre en Chile no es un incidente aislado, sino parte de un patrón más general que implica una profunda crisis de confianza en las instituciones estatales. La percepción ante un gobierno que parece más complaciente con los delincuentes que protegiendo a los ciudadanos inocentes es clara entre la población. Las políticas discursivas sobre el fortalecimiento de la democracia y del estado de derecho contrastan con los hechos reales de vulnerabilidad y caos en el sistema judicial.
José Antonio Kast ha manifestado con firmeza que la seguridad es un derecho innegociable y que en su gobierno no existirían impunidades como la de Mejía. Este llamado a la autoridad demuestra la urgencia que siente la sociedad por un enfoque más riguroso frente al crimen organizado.
La situación actual en Chile es una advertencia urgente para las autoridades y el poder judicial; la ciudadanía demanda soluciones efectivas y coherentes ante el incremento de la violencia y el crimen en las calles. Las elecciones en 2025 serán una oportunidad para que los chilenos expresen su descontento y hagan sentir su voz frente a un sistema que no puede permitirse más fallas. La población ha dejado claro que la tolerancia hacia estos errores ha llegado a su límite, y el futuro del país depende de la acción firme y decidida de su gobierno y su justicia.