Bruna Ferreira, una residente de Massachusetts, se encuentra bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dos semanas después de su arresto mientras se dirigía a recoger a su hijo en Nueva Hampshire. El incidente ocurrió el 12 de noviembre, cuando Ferreira, de 33 años, fue detenida en Revere, Massachusetts, según informó su abogado Todd Pomerleau.
Ferreira, quien había estado comprometida con Michael Leavitt, el hermano de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, se enfrenta a una situación catastrófica, ya que su hijo, de 11 años, vive con su exprometido y tienen arreglos de custodia compartida. Pomerleau criticó el arresto, afirmando que Ferreira fue trasladada a través de diversas instalaciones de detención sin explicación. “Fue detenida sin razón alguna. No es peligrosa. No existe riesgo de que se dé a la fuga”, enfatizó, subrayando que Ferreira cumple con todas sus responsabilidades como madre y contribuyente.
La abogada de Ferreira reveló que ella llegó a Estados Unidos hace muchos años desde Brasil, cuando tenía dos o tres años. Actualmente, se inscribió en el programa DACA, que protege a los inmigrantes traídos a Estados Unidos de niños. Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha indicado que Ferreira ingresó al país con una visa de turista en 1999, la cual requería que saliera de Estados Unidos después de un tiempo. Aunque existe una acusación previa en su contra por agresión, su abogado lo ha negado y señala que no hay registros judiciales que respalden esa afirmación.
A pesar de las infracciones de tráfico sin consecuencias legales significativas en su historial, Ferreira continúa detenida en Luisiana, lo que genera una creciente preocupación sobre su estado migratorio. Pomerleau expresó su frustración al afirmar que el DHS hace declaraciones sobre un historial criminal que no han podido demostrar. “Si eso fuera cierto, habría sido deportada hace años”, afirmó.
La situación de Ferreira destaca las complicaciones en la política de inmigración estadounidense, especialmente en el marco de los planes del presidente Donald Trump, quienes han buscado reformar las políticas migratorias hacia los beneficiarios de DACA. Recientemente, la subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, enfatizó que los beneficiarios del programa no están automáticamente exentos de deportación, lo que añade una capa de incertidumbre para aquellos en situaciones similares a la de Ferreira.