El 19 de enero de 2001, México se despertó con la sorprendente noticia de que Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, conocido como ‘El Chapo Guzmán’, había escapado de uno de los penales de máxima seguridad del país, el Centro Federal de Readaptación Social de Puente Grande, en Jalisco. Este evento no solo destapó las vulnerabilidades del sistema penitenciario mexicano, sino que también se convirtió en un hito en la narración del crimen organizado y la justicia en el país.
La fuga se detectó durante el pase de lista en el módulo tres del penal, cuando los custodios notaron que Guzmán Loera no respondía. Al revisar su celda, confirmaron lo impensable: uno de los criminales más buscados había logrado evadirse. Tras haber estado recluido durante ocho años, la audaz fuga dejó en evidencia la complicidad de algunos miembros del personal del penal.
Se especula que ‘El Chapo’ logró escapar escondido en un carrito de basura, con la asistencia de Francisco Javier Camberos Rivera, conocido como “El Chito”, quien formaba parte del equipo de mantenimiento del centro. Esta maniobra, a pesar de su simplicidad, expuso una red de complicidades que involucraba a varios funcionarios del penal.
Un comunicado de la entonces Procuraduría General de la República reveló que los custodios Carlos Fernando Ochoa López y Víctor Manuel Godoy Rodríguez habían fallado en su deber al no asegurar que las puertas del penal se mantuvieran cerradas adecuadamente. Ochoa López, quien era el comandante adjunto el día de la fuga, tenía la responsabilidad de controlar el acceso a áreas restringidas.
La fuga de Guzmán provocó que las autoridades federales actuaran rápidamente, resultando en la detención de 71 personas por su presunta participación en el escape, incluidos altos mandos del penal. Figuras relevantes como el director del Cefereso, Leonardo Beltrán Santana, y otros funcionarios encargados de la seguridad fueron señalados.
La historia de Guzmán en el sistema penitenciario de México es extensa. Fue capturado en Guatemala y su detención se oficializó el 9 de junio de 1993. Después de ser presentado ante los medios, fue encarcelado primero en el penal del Altiplano y luego trasladado a Puente Grande, donde cumplía una condena de 20 años por delitos relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado.
Años después de la fuga, algunos de los funcionarios implicados recuperaron su libertad. Por ejemplo, Beltrán Santana fue liberado después de cumplir nueve años de una sentencia que había sido reducido por un tribunal.
Actualmente, Joaquín Guzmán Loera cumple cadena perpetua en el centro penitenciario ADX Supermax en Colorado, conocido por ser uno de los más seguros del mundo. Su fuga de Puente Grande sirve como un sombrío recordatorio de la necesidad urgente de reformar las instituciones encargadas de la justicia en México, despertando un llamado a la acción para fortalecer el sistema penitenciario y prevenir futuras evasiones.